La titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval (d), habla durante la rueda de prensa diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (i), este jueves, en el Palacio nacional de Ciudad de México (México). Obrador aseguró este jueves que "no hay y no va a haber" desabastecimiento por parte del Gobierno en los medicamentos para niños con cáncer y culpó a los gestores de los hospitales de que las medicinas no hayan llegado a los pacientes. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La secretaria Irma Eréndira Sandoval afirma que “nada justifica la negligencia ni el abuso en el manejo de los recursos públicos”. “Debemos garantizar que el erario sea dirigido para el bienestar general y no para satisfacer a unos cuantos”, aseveró. El ex director general de Comunicación Social del organismo autorizó pagos por más de 33 millones por un contrato que no se cumplió, lo que generó un daño al erario público.
Con el firme compromiso de acabar con la impunidad que proliferó durante el periodo neoliberal, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó que la Función Pública impuso la sanción de inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria por 34 millones de pesos a un exfuncionario del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), quien autorizó pagos por servicios que no se cumplieron.
La secretaria Sandoval Ballesteros comentó que “nada justifica la negligencia ni el abuso en el manejo de los recursos públicos, pues como servidoras y servidores públicos debemos garantizar que el erario sea dirigido para el bienestar general y no para satisfacer a unos cuantos”.
“No permitimos la impunidad en contratos realizados a modo, que dilapidaron el dinero público. En la actualidad, mantenemos una estrecha vigilancia de las contrataciones públicas, para asegurar su apego a la norma”, subrayó.
La sanción deriva de una investigación y un procedimiento de responsabilidad administrativa mediante el cual el Órgano Interno de Control (OIC) en el Infonacot determinó que el exdirector de Comunicación Social de dicha institución no cumplió con sus obligaciones como servidor público.
La persona sancionada autorizó el pago a una empresa por más de 33 millones de pesos sin que se identificara evidencia de la realización de los trabajos estipulados en el contrato asignado por adjudicación directa, que incluían un manual para desarrollar un canal de difusión, un estudio sobre las redes sociales más convenientes para el instituto y acciones de capacitación. La autorización irregular de los pagos ocasionó un daño al erario, motivo por el cual se impuso la multa resarcitoria.
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