Son otros tiempos, no es el 68. Así ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador revisar el cobro del impuesto en especie a los concesionarios de la radio y la televisión, establecido por Gustavo Díaz Ordaz. Desde el año pasado, al participar en la 60 Semana de la Radio y la Televisión, el presidente López Obrador ofreció a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), revisar el impuesto en especie cobrado a los concesionarios y desde ese 7 de noviembre de 2019 adelantó que un gobierno democrático no requiere de propaganda.
Un año antes, aún en campaña previo a su triunfo del 1 de julio de 2018, en ese mismo foro se pronunció por usar bien los tiempos oficiales y que no todo fuera política, ni avalar al gobierno, ya que su administración no requeriría propaganda.
Este viernes, el mandatario anunció la firma de un acuerdo para liberar a las estaciones de radio y televisión de la difusión obligatoria de 30 y 18 minutos, respectivamente, por concepto de tiempos fiscales. Aceptó la caída en los ingresos de esas empresas y dijo que comercializar esos espacios ayudaría a evitar la pérdida de empleos en el sector. Y a pesar de que hay quienes han criticado el anuncio del presidente López Obrador –por desconocer u ocultar la verdad– la eliminación de tiempos fiscales beneficia a las audiencias y a la sociedad, pero no generarán recursos publicitarios a la radio y la televisión debido a que esos tiempos no son comercializables, debido a que la ley también establece el máximo de espacios a vender.
La decisión presidencial permitirá incrementar los tiempos destinados a contenidos de información y entretenimiento beneficiando a las audiencias, mientras podrán seguir utilizando sus tiempos los poderes Judicial y Legislativo, así como los Órganos Autónomos y a través de los tiempos oficiales, continuará la transmisión puntual de campañas del Estado Mexicano, sin costo en los medios concesionados. El 31 de diciembre de 1968, casi tres meses después de los sucesos en Tlatelolco, Díaz Ordaz apretó también a los medios y decretó cobrar a los concesionarios de radio y televisión, un impuesto de 25 por ciento de sus ingresos como beneficio especial. Ante reclamos de los concesionarios, el 1 de julio de 1969, Díaz Ordaz lo cambió por un pago en especie de tres horas gratuitas para mensajes del Estado.
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